Washington, DC - El 19 de julio, los Estados Unidos sancionaron a cuatro oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, modificada, por ser oficiales o exoficiales alineados con Maduro. Ellos son el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijare, el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga y el coronel Rafael Antonio Franco Quintero.
Nicolás Maduro y sus asociados siguen participando en violaciones de los derechos humanos y promueven a quienes llevan a cabo estos abusos, a pesar de las conclusiones y recomendaciones del informe del 5 de julio de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Por ejemplo, Blanco fue ascendido a general de división solo seis días después de la presunta tortura y muerte del capitán de la Armada venezolana Acosta, mientras se encontraba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de Maduro.
De manera similar a lo señalado en el informe de la ACNUDH, Human Rights Watch y la ONG Foro Penal notificaron en enero el empleo de la asfixia, descargas eléctricas, la privación de alimentos y amenazas de muerte contra los soldados acusados de conspirar contra Maduro. Además, la semana pasada se publicaron informes de que se sacó de sus celdas a diez detenidas custodiadas por la DGCIM y se las trasladó a un lugar desconocido. Se desconoce su paradero.
Mientras tanto, en las listas de Foro Penal constan como prisioneros políticos del anterior régimen de Maduro 107 oficiales de las fuerzas armadas.
Los venezolanos merecen un gobierno que honre y respete a sus fuerzas armadas y de seguridad y los empodere para defender la Constitución.
Los Estados Unidos apoyarán al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional hasta que todo el pueblo de Venezuela se libere de la represión y se restaure la democracia.